Abuso físico y psicológico en menores: Análisis del Art. 396 de la Ley 136-03

 

Abuso físico y psicológico en menores: Análisis del Art. 396 de la Ley 136-03.

Palabras clave : Abuso físico en menores, Abuso psicológico, Ley 136-03, Artículo 396, Tutoría victimal, Reparación transformadora, Proceso penal dominicano, Neuroimagen en prueba penal. 

Resumen

A continuación se analiza la tipificación y sanción del abuso físico y psicológico en la infancia y adolescencia en la legislación dominicana, a la luz del artículo 396 de la Ley núm. 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes). A partir de la valoración dogmática y probatoria del hecho traumático, se examina la interacción entre las lesiones corporales objetivables mediante neuroimágenes y el impacto psicoemocional ulterior detectado en la pericia forense. Se concluye que la aplicación estricta de las sanciones máximas previstas en dicho texto normativo, en conjunción con la reparación civil por daños morales y materiales, resulta imprescindible para materializar el principio del interés superior del menor y la tutela judicial efectiva de la víctima en el proceso penal.

1. Introducción

La protección penal de la infancia y la adolescencia exige un marco legal de tutela reforzada que diferencie la violencia infligida a personas menores de edad de los tipos penales ordinarios contemplados para adultos. En la República Dominicana, la Ley núm. 136-03 establece un régimen de garantías y tipos penales especiales destinados a sancionar las conductas que atenten contra la integridad física y la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

El artículo 396 del referido texto normativo incrimina sustantivamente el abuso contra menores. Específicamente, el literal a) define el abuso físico como «cualquier daño físico que reciba el niño, niña o adolescente, de forma no accidental y en que la persona que le ocasione esta lesión se encuentre en condiciones de superioridad o poder». Por su parte, el literal b) sanciona el abuso psicológico cuando se ataca «de manera sistemática el desarrollo personal del niño, niña o adolescente y su competencia social».

El problema fundamental en la praxis judicial radica en la articulación de una estrategia probatoria que demuestre coherentemente la concurrencia de ambos supuestos cuando una agresión física produce, de forma concomitante o consecuente, una seria perturbación psicológica. El objetivo de este trabajo es analizar la fundamentación sustantiva y la técnica probatoria requeridas para la subsunción de estas conductas y la determinación de consecuencias jurídicas proporcionales en el marco del proceso penal contemporáneo.

2. Metodología

Para el desarrollo del presente artículo se empleó un enfoque cualitativo de carácter descriptivo-analítico, fundamentado en el método dogmático-jurídico. La técnica de recolección de información combinó:

1. Análisis normativo: Exégesis de la Ley núm. 136-03 (Código del Menor) y la legislación procesal vigente.

2. Revisión jurisprudencial y doctrinal: Evaluación de los criterios sobre la valoración de la prueba científica y la cuantificación de la reparación civil por daño moral.

3. Estudio analítico de elementos probatorios: Examen analítico sobre la convergencia de pruebas médicas (estudios de neuroimagen como tomografías axiales), valoraciones médico-legales e informes psicosociales forenses en supuestos de agresiones traumáticas a menores.

3. Resultados

3.1. Autonomía de los tipos penales de abuso físico y psicológico

La configuración dogmática del artículo 396 de la Ley núm. 136-03 no exige la exclusividad entre las modalidades de abuso. El abuso físico no excluye la presencia simultánea de un impacto psíquico grave.

Cuando un hecho lesivo de severidad traumática —como el golpe directo en la zona craneal provocado por objeto contundente— genera lesiones objetivas (fractura parietal, edema o hematoma subdural), el resultado sobrepasa el concepto ordinario de lesiones corporales del Código Penal. La asimetría de fuerza o la superioridad de la persona agresora subsume la conducta directamente en el literal a) del artículo 396.

Asimismo, las secuelas emocionales subsecuentes al evento violento —tales como estados de temor, ansiedad, tristeza o retracción en la interacción social— encuadran plenamente en la hipótesis del abuso psicológico. La afectación psíquica no requiere un ataque prolongado en el tiempo si el evento violento originario posee la intensidad suficiente para quebrantar el equilibrio emocional y el libre desarrollo de la personalidad del menor.

3.2. La prueba científica en la acreditación del daño

El estándar probatorio en materia de violencia contra menores demanda la convergencia de peritajes multidisciplinarios:

• Prueba médico-forense e instrumental: La utilización de estudios de diagnóstico por imagen (como la tomografía computarizada) permite establecer objetivamente la entidad y gravedad del daño corporal, demostrando el riesgo vital y la gravedad clínica.

• Prueba psicológica forense: Las evaluaciones realizadas mediante entrevistas especializadas en entornos protegidos (comisiones rogatorias o cámaras Gesell) acreditan la afectación emocional, el temor de la víctima hacia el agresor y la alteración de su dinámica cotidiana.

• Testimonio pericial y circunstancial: La coherencia entre el relato de los hechos, las declaraciones de testigos presenciales y los hallazgos clínicos consolida el nexo de causalidad entre la conducta del imputado y los daños sufridos.

3.3. Determinación de las sanciones y la reparación civil

El marco de sanciones estipulado en la Ley núm. 136-03 prevé penas privativas de libertad de dos a cinco años de prisión y multas que oscilan entre tres y diez salarios mínimos. Cuando la agresión reviste una gravedad objetiva en las lesiones o se perpetra en condiciones de vulnerabilidad manifiesta, la aplicación del máximo de la pena privativa de libertad se impone como respuesta proporcional al desvalor de la acción.

En el ámbito de la responsabilidad civil accesoria al proceso penal, la reparación no debe ser puramente simbólica. La indemnización fijada a favor de la víctima debe cubrir tanto el daño material derivado de la atención médica como el daño moral infringido por la vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad corporal y la tranquilidad emocional.

4. Discusión

Los hallazgos de este análisis ratifican que el juzgamiento de hechos que involucran a víctimas menores de edad exige un rigor técnico superior al momento de interponer la querella o la formulación de cargos. Retraer las agresiones contra menores al tipo ordinario de golpes y heridas del derecho penal común implica invisibilizar la tutela especial consagrada en la Ley núm. 136-03 y restar eficacia a las garantías de no repetición.

La consecución de condenas ejemplares —que imponen la pena máxima de prisión, multas oficiales e indemnizaciones pecuniarias sustanciales— demuestra que el éxito del ejercicio del litigio en favor de las víctimas no depende de apreciaciones subjetivas, sino de la articulación científica de la prueba sustantiva, médica y psicológica.

Desde la perspectiva de la tutela victimal efectiva, la intervención letrada especializada debe velar por que la cuantificación del daño contemple no solo el restablecimiento físico, sino también los recursos económicos necesarios para garantizar el acompañamiento terapéutico prolongado que requiere la víctima menor de edad.

5. Conclusiones

1. El artículo 396 de la Ley núm. 136-03 constituye la herramienta procesal y sustantiva idónea para la persecución y sanción de las conductas que atentan contra la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento dominicano.

2. La concurrencia de la lesión física y la secuela psicológica exige una labor probatoria coordinada, donde la prueba científica (neuroimágenes) y la evaluación pericial psicológica operen como pilares fundamentales para destruir la presunción de inocencia del agresor.

3. La imposición de penas máximas de prisión y el otorgamiento de indemnizaciones civiles justas consolidan la función garantista del derecho penal, asegurando la restitución de la dignidad de las víctimas y enviando un mensaje claro de disuasión a la sociedad.

Referencias

• Congreso Nacional de la República Dominicana. (2003). Ley núm. 136-03 que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta Oficial No. 10224.

• Congreso Nacional de la República Dominicana. (2025). Ley núm. 97-25 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Gaceta Oficial.

• Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2014). Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

• Procuraduría General de la República Dominicana. (2023). Guía de actuación procesal en representación técnica de víctimas. PGR.

By: Yahairin Cruz Diaz.

ORCID iD: 0009-0004-6121-0113

​Octubre Rosa y Tutela Judicial: La Protección Procesal de la Víctima con Condiciones Graves de Salud

 

​Octubre Rosa y Tutela Judicial: La Protección Procesal de la Víctima con Condiciones Graves de Salud.

​Hoy, 19 de octubre, la sociedad conmemora la lucha internacional contra el cáncer de mama, centrando el debate en la detección temprana y el derecho a la salud. Sin embargo, desde la óptica del derecho procesal penal y la victimología, esta fecha nos obliga a analizar una intersección crítica y frecuentemente ignorada en nuestros tribunales: el tratamiento que recibe una víctima de un hecho punible cuando, de manera simultánea, se encuentra librando una batalla contra una enfermedad grave.

​En la praxis judicial diaria, el proceso penal es inherentemente desgastante. Los aplazamientos continuos, la mora judicial y las exigencias de comparecencia presencial representan una carga procedimental pesada para cualquier ciudadano. Cuando la víctima es un paciente oncológico o enfrenta un cuadro de salud crítico, esta carga se transforma en un castigo adicional que agrava su estado de vulnerabilidad y abre la puerta a la revictimización institucional.

​Frente a esta realidad, la dogmática jurídica y la operatividad de la Ley núm. 97-25 nos exigen abandonar la pasividad. El sistema de justicia dominicano no puede operar de espaldas a la realidad biológica y física de la víctima. Es aquí donde la figura del defensor técnico asume un rol determinante para hacer valer la autonomía de la víctima y exigir la adaptación del proceso a sus circunstancias, basándose en el principio constitucional de la dignidad humana.

​El ordenamiento procesal penal dominicano contempla herramientas específicas que deben ser activadas con inmediatez. Una de las más estratégicas es el anticipo de prueba. Cuando el estado de salud de la víctima o testigo es precario, el defensor técnico tiene la obligación de solicitar al juez de la instrucción que su testimonio sea recabado de manera anticipada, garantizando el principio de contradicción sin obligar a la víctima a esperar un juicio de fondo que su salud quizás no le permita presenciar.

​Asimismo, la representación legal debe promover ajustes razonables durante el desarrollo del proceso, tales como la priorización del caso en el rol de audiencias, el uso de comparecencias virtuales y la limitación de interrogatorios extenuantes. No se trata de buscar concesiones basadas en la compasión, sino de exigir el estricto cumplimiento de las garantías procesales que prohíben someter a la víctima a sufrimientos innecesarios durante la búsqueda de justicia.

​El fortalecimiento del Estado de Derecho implica comprender que la justicia tardía, o aquella que exige a la víctima sacrificar el poco bienestar físico que le queda para obtener una respuesta, no es verdadera justicia. Asumir la representación de una víctima en condiciones de vulnerabilidad extrema requiere una defensa técnica incisiva que obligue a los operadores del sistema a humanizar el proceso desde el rigor de la norma.

​Yahairin Cruz Diaz

Abogada | Especialista en Derecho y Defensa Legal de las Víctimas | Magíster en Derechos Humanos

De la Academia al Congreso

 ¡De la Academia al Congreso!

​Con gran satisfacción informamos que la Diputada Gabriela Abreu Santos realizó el depósito formal ante la Cámara de Diputados de dos importantes iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la protección de víctimas y personas vulnerables en la República Dominicana:

  

- ​Proyecto de Ley Orgánica sobre Acceso Territorial a Centros de Entrevistas Forenses (Cámaras Gesell) a nivel nacional.

 -Proyecto de Resolución para la habilitación y equipamiento del Centro de Entrevistas Forenses en el Distrito Judicial de Constanza.

  

​Ambas piezas legislativas se fundamentan directamente en la investigación científica realizada en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP-IES, 2026), demostrando cómo el conocimiento académico se transforma en acciones concretas para garantizar los derechos procesales de las víctimas.

  

​Proyectista e Investigadora: Yahairin Cruz Diaz.

 

Depositan en cámara de diputados iniciativa para garantizar Cámaras Gesell por Distrito Judicial

De la investigación a la agenda legislativa: una propuesta para acercar los Centros de Entrevistas Forenses a las personas en condición de vulnerabilidad.

El acceso a la justicia no debe depender del lugar donde viva una persona. Sin embargo, cuando una víctima o un testigo en condición de vulnerabilidad necesita participar en una entrevista forense, la distancia, la falta de recursos y las limitaciones de infraestructura pueden convertirse en obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos.

Esta realidad fue uno de los aspectos que identifiqué en la investigación que realicé para la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), centrada en la autonomía de actuación de la víctima en el proceso penal y en las dificultades operativas que inciden en el acceso a la justicia en el Distrito Judicial de Constanza, provincia de La Vega.

Entre los hallazgos y conclusiones de ese trabajo, evidencié la necesidad de fortalecer la disponibilidad territorial de los servicios especializados de entrevistas forenses, particularmente en Constanza, donde la ausencia de infraestructura local puede obligar a gestionar estas diligencias fuera del municipio. Esta situación plantea dificultades prácticas para las personas involucradas y pone sobre la mesa una cuestión fundamental: los derechos reconocidos en las normas deben contar con condiciones materiales que permitan ejercerlos de manera efectiva.

Una necesidad identificada desde la investigación

Los Centros de Entrevistas Forenses, conocidos también por su vinculación con el modelo de Cámara Gesell, cumplen una función importante en la obtención de declaraciones de víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad. Estos espacios permiten realizar entrevistas especializadas bajo condiciones destinadas a proteger la dignidad, la confidencialidad y los derechos de quienes participan en ellas.

La importancia de estos servicios también se refleja en la Resolución núm. 45-2025 de la Suprema Corte de Justicia, que establece el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condiciones de Vulnerabilidad. Este instrumento procura unificar criterios de actuación y contribuir a reducir la victimización secundaria durante los procesos judiciales (Suprema Corte de Justicia, 2025).

Ahora bien, disponer de un marco normativo no elimina por sí solo las barreras geográficas y operativas. Para que la protección sea efectiva, también es necesario considerar dónde están ubicados los servicios, qué dificultades enfrentan las personas para acceder a ellos y qué alternativas institucionales podrían contribuir a mejorar su disponibilidad.

Desde esa perspectiva, mi investigación permitió poner de relieve una necesidad concreta en el Distrito Judicial de Constanza: avanzar hacia una respuesta institucional que facilite el acceso territorial a las entrevistas forenses y reduzca las dificultades asociadas a la dependencia de servicios situados fuera del municipio.

No se trata únicamente de contar con instalaciones o equipos. Se trata de procurar que niños, niñas, adolescentes y otras personas en condición de vulnerabilidad puedan acceder a un entorno especializado, sin que los obstáculos logísticos se conviertan en una carga adicional en medio de un proceso que ya puede resultar difícil.

De los hallazgos a una propuesta legislativa

A partir de las conclusiones de la investigación, consideré importante llevar esta preocupación más allá del ámbito académico y plantearla como una iniciativa de interés público.

Con ese propósito, presenté la propuesta a la diputada Gabriela María Abreu Santos, quien acogió la iniciativa y asumió su impulso en el ámbito legislativo. Como resultado de esa gestión, el 8 de octubre de 2026 fueron depositados ante la Cámara de Diputados dos instrumentos relacionados con esta necesidad.

El primero es el Proyecto de Ley Orgánica sobre Acceso Territorial a Centros de Entrevistas Forenses para Víctimas y Testigos en Condiciones de Vulnerabilidad, orientado a abordar la cuestión desde una perspectiva de alcance nacional.

El segundo es el Proyecto de Resolución que solicita la habilitación o el fortalecimiento de un Centro de Entrevistas Forenses en el Distrito Judicial de Constanza, dirigido a plantear una respuesta específica para esta demarcación.

Ambos instrumentos parten de una preocupación compartida: la necesidad de que la protección de las víctimas y los testigos en condiciones de vulnerabilidad pueda traducirse en servicios accesibles y adecuados a las realidades territoriales.

Considero importante reconocer el papel de la diputada Gabriela María Abreu Santos al acoger la propuesta y formalizar su presentación ante la Cámara de Diputados. La relación entre la investigación y la actividad legislativa adquiere sentido cuando los hallazgos pueden contribuir a visibilizar problemas concretos y a impulsar iniciativas orientadas a atenderlos.

El acceso a la justicia también requiere proximidad

La Ley núm. 97-25, orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, forma parte del marco procesal vigente en el que deben comprenderse las garantías de las personas que intervienen en el proceso penal (República Dominicana, 2025). Pero la efectividad de esas garantías no depende únicamente de su reconocimiento jurídico: también exige prestar atención a las condiciones en las que las personas pueden ejercer sus derechos.

Cuando una diligencia especializada requiere desplazamientos, coordinación adicional o la disponibilidad de servicios en otra demarcación, esas circunstancias pueden incidir en la experiencia de las víctimas y los testigos, especialmente cuando se trata de personas que necesitan una protección diferenciada.

Por eso, hablar de acceso a la justicia implica mirar más allá de los tribunales y de las disposiciones legales. También supone examinar las condiciones concretas en las que una persona puede participar en un procedimiento, ser escuchada de forma adecuada y recibir un trato respetuoso de su dignidad.

La necesidad identificada en Constanza invita, además, a reflexionar sobre la importancia de considerar las particularidades de cada territorio al momento de diseñar respuestas institucionales. Las soluciones que resultan viables en una localidad no necesariamente responden, de la misma manera, a las necesidades de otra. De ahí la importancia de estudiar las realidades locales y fundamentar las propuestas en hallazgos concretos.

Una iniciativa que conecta investigación y compromiso público

Para mí, este paso representa la posibilidad de conectar el trabajo de investigación con una necesidad que merece atención pública. La investigación jurídica no tiene que quedarse exclusivamente en el análisis de las normas o en la formulación de conclusiones académicas. También puede ayudar a identificar dificultades, documentar necesidades y aportar ideas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las instituciones.

La propuesta que compartí con la diputada Gabriela María Abreu Santos nació de esa inquietud: que las dificultades identificadas en el Distrito Judicial de Constanza sirvieran de punto de partida para plantear alternativas de alcance local y nacional.

El depósito de estos dos instrumentos constituye un avance en la presentación formal de esa iniciativa. Su existencia no significa que las propuestas ya sean leyes ni que las medidas planteadas se encuentren implementadas; significa que una necesidad identificada desde la investigación ha encontrado una vía para ser expuesta en el ámbito legislativo.

Creo firmemente que acercar los servicios de entrevistas forenses a las personas que los necesitan es una cuestión vinculada con la dignidad humana, la protección de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y la búsqueda de un acceso a la justicia que no sea solamente formal, sino también real.

Desde mi labor como abogada e investigadora, valoro que los hallazgos de una investigación puedan contribuir a abrir este tipo de conversaciones. Y reconozco la disposición de la diputada Gabriela María Abreu Santos para acoger la propuesta y llevarla formalmente ante la Cámara de Diputados.

Porque investigar también puede ser una forma de contribuir al cambio: identificar una necesidad, fundamentarla y procurar que llegue a los espacios donde pueda convertirse en una iniciativa de interés público.

Por Mgtr. Yahairin Cruz Díaz

Abogada e investigadora del IES-ENMP

ORCID iD: 0009-0004-6121-0113

Nuevo Código Penal Dominicano

 Nuevo Código Penal Dominicano

El Legado Histórico de la Biblioteca Pedro Francisco Bonó y el Pensamiento Crítico en la ENMP

 

​El Legado Histórico de la Biblioteca Pedro Francisco Bonó y el Pensamiento Crítico en la ENMP

​La consolidación del Estado de Derecho y la tutela efectiva de las garantías procesales no ocurren en el vacío; requieren de una fundamentación dogmática robusta y de instituciones diseñadas para el pensamiento crítico. En la República Dominicana, la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) constituye el epicentro académico de la persecución penal y la defensa de los derechos ciudadanos. En su núcleo intelectual se encuentra la Biblioteca Pedro Francisco Bonó, un espacio que trasciende el concepto de repositorio de libros para erigirse como el custodio de la evolución doctrinal y operativa de nuestro sistema de justicia.

​El depósito de mi reciente investigación, «Las Garantías Procesales De Las Víctimas: Un Análisis A Su Autonomía De La Actuación En El Proceso Penal, Provincia De La Vega, 2024-2025», en el marco del aniversario luctuoso de Bonó, obliga a reflexionar sobre el peso histórico de este recinto y su impacto directo en la praxis procesal que ejercemos en los tribunales.

​Origen Normativo y Fundamentación de la ENMP

​La profesionalización del sistema de justicia penal dominicano exigió la creación de un órgano superior de educación. La Escuela Nacional del Ministerio Público fue concebida a partir de la promulgación de la Ley núm. 78-03 (Estatuto del Ministerio Público) y posteriormente consolidada por la Ley Orgánica del Ministerio Público núm. 133-11. Su mandato normativo es estricto: formar, capacitar y evaluar a los miembros de la carrera del Ministerio Público, así como al personal técnico y administrativo que opera dentro del sistema de justicia.

​En este contexto de rigor institucional, la biblioteca de la ENMP no fue nombrada al azar. La elección de su nombre constituye una declaración de principios.

​Pedro Francisco Bonó: El Primer Sociólogo Dominicano y la Justicia Social

​Pedro Francisco Bonó (1828-1906) es reconocido históricamente como el primer sociólogo de la República Dominicana. Su pensamiento no se gestó en la abstracción académica, sino en la observación directa de las desigualdades de la clase trabajadora y rural dominicana. Fue un intelectual, político y legislador que abogó por un Estado que respondiera a las necesidades de los más vulnerables, rechazando las imposiciones de las élites que gobernaban de espaldas a la realidad material de la población.

​Nombrar la biblioteca de la ENMP en su honor establece un imperativo categórico para los operadores del sistema: la investigación jurídica no debe servir para justificar el poder, sino para equilibrarlo. Bonó entendía que las leyes debían adaptarse a la realidad sociológica del país. Hoy, ese mismo principio se aplica al estudio del derecho procesal penal.

​Contraste Operativo: El Repositorio Académico vs. La Realidad en Estrado

​La Visión Dogmática Tradicional

Desde una perspectiva clásica, una biblioteca institucional se percibe únicamente como un archivo pasivo. Un lugar donde las tesis, leyes y jurisprudencias descansan para la consulta esporádica, alejadas de la fricción diaria del litigio. Bajo este esquema, la academia y los tribunales operan en vías paralelas.

​La Realidad Operativa bajo el Legado de Bonó

La praxis jurídica contemporánea exige que el conocimiento albergado en la Biblioteca Pedro Francisco Bonó se convierta en jurisprudencia viva. Las investigaciones depositadas allí —incluyendo el análisis sobre la autonomía probatoria de la víctima bajo la Ley núm. 97-25— no son letra muerta; son herramientas tácticas. Cuando un defensor técnico acude a este repositorio, extrae los fundamentos necesarios para desafiar inercias institucionales en los tribunales. La academia informa al estrado, y el estrado alimenta a la academia.

​La existencia de este recinto garantiza que los fiscales, defensores y jueces no dependan exclusivamente de la costumbre judicial, sino que posean un estándar científico para argumentar.

​Conclusión Estratégica

​La Biblioteca Pedro Francisco Bonó de la ENMP es el puente indispensable entre la teoría jurídica y la materialización de la justicia. Para los profesionales del derecho que aspiran a liderar la transformación del sistema penal dominicano, este espacio representa el estándar de exigencia intelectual que debe guiar cada actuación en audiencia. No podemos exigir una tutela judicial efectiva en los tribunales si primero no construimos una fundamentación impecable en la academia.

​Yahairin Cruz Diaz

Abogada | Especialista en Derecho y Defensa Legal de las Víctimas | Magíster en Derechos Humanos