La Prisión Preventiva en el Distrito Nacional: Una Reflexión sobre su Uso Excesivo

En el primer cuatrimestre del 2024, se observó un alarmante uso de la prisión preventiva como medida de coerción en el Distrito Nacional. Según estadísticas recientes, el 98% de las medidas de coerción solicitadas por los fiscales en este período incluyó la petición de prisión preventiva. Lo que resulta aún más preocupante es que el 49% de estas solicitudes fueron acogidas por los jueces.

Esta tendencia plantea serias cuestiones sobre el equilibrio y la justicia en el sistema judicial. La prisión preventiva, diseñada para ser una medida excepcional, parece haberse convertido en la norma, lo cual puede tener implicaciones graves para los derechos fundamentales de los acusados. Además, esta situación genera un debate sobre quién debe asumir la responsabilidad principal: ¿los fiscales, que presentan estas solicitudes, o los jueces, que las aprueban?

Análisis de la Situación

Responsabilidad de los Fiscales:

Los fiscales tienen la responsabilidad de garantizar la justicia y la seguridad pública. Sin embargo, la tendencia a solicitar prisión preventiva en casi todos los casos puede sugerir una falta de consideración por alternativas menos restrictivas. Es crucial que los fiscales evalúen cada caso individualmente y consideren todas las opciones disponibles antes de recurrir a la prisión preventiva.

Responsabilidad de los Jueces:

Por otro lado, los jueces actúan como guardianes de la justicia y deben tomar decisiones basadas en la ley y los hechos presentados. La aprobación del 49% de las solicitudes de prisión preventiva puede reflejar una falta de rigor en la evaluación de la necesidad y proporcionalidad de esta medida. Es fundamental que los jueces analicen críticamente las solicitudes de los fiscales y consideren el impacto de sus decisiones en los derechos de los acusados.

Conclusión

La alta tasa de solicitudes y aprobaciones de prisión preventiva en el Distrito Nacional sugiere una tendencia preocupante hacia el uso excesivo de esta medida. Es necesario un esfuerzo conjunto entre fiscales y jueces para garantizar que la prisión preventiva se utilice de manera justa y equitativa, respetando siempre los derechos de los acusados y las garantías procesales.

Es fundamental que el sistema judicial reflexione sobre estas prácticas y trabaje en políticas y procedimientos que promuevan el uso de medidas de coerción alternativas, en línea con los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Este documento busca promover una discusión constructiva sobre el uso de la prisión preventiva y fomentar una justicia más equitativa y respetuosa de los derechos humanos. 

Roberto Quiroz