Reflexión sobre la Ignorancia de la Ley y su Aplicación en la Sociedad Dominicana
En la teoría jurídica, existe un principio fundamental que sostiene que el derecho es conocido por todos desde el momento en que una ley entra en vigencia. Según este principio, nadie puede alegar ignorancia de la ley bajo el pretexto de no conocer el texto de la norma o sus disposiciones. Este concepto, aunque ampliamente aceptado, ha sido objeto de debate y controversia debido a su premisa subyacente, que asume que todos tienen acceso y comprensión de la ley una vez promulgada.
El Artículo 109 de la Constitución de la República Dominicana establece que “Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas.” Este artículo refleja la intención del legislador de garantizar que las leyes sean accesibles y conocidas por todos los ciudadanos, un principio esencial para el funcionamiento de un Estado de derecho.
Sin embargo, esta suposición enfrenta varios desafíos prácticos. En una sociedad donde existen altos niveles de analfabetismo y donde el acceso a los medios de comunicación es limitado para ciertos sectores de la población, es irreal esperar que todas las personas estén informadas de cada nueva disposición legal. Además, la falta de publicidad adecuada de las leyes y la complejidad técnica de algunos textos legales pueden dificultar la comprensión incluso para aquellos que tienen acceso a la información.
Esta discrepancia entre la teoría y la realidad plantea importantes cuestiones sobre la justicia y la equidad en la aplicación de la ley. ¿Es justo que una persona sea penalizada por no conocer una ley que nunca tuvo la oportunidad de aprender? ¿Cómo podemos reconciliar la necesidad de que la ley sea conocida y respetada con la realidad de una sociedad donde no todos tienen igual acceso a la información?
Un caso aún más controvertido se presenta cuando un abogado alega ignorancia de la ley. Como profesionales del derecho, se espera que los abogados estén siempre actualizados y conozcan las normas vigentes, ya que su función esencial es asesorar y representar a sus clientes con base en el conocimiento jurídico. La alegación de desconocimiento por parte de un abogado no solo compromete su credibilidad profesional, sino que también puede poner en riesgo los intereses de sus representados. Por tanto, la sociedad y el sistema judicial exigen un estándar más alto de conocimiento y diligencia a estos profesionales.
Como sociedad, debemos trabajar para garantizar que las leyes sean verdaderamente accesibles para todos. Esto implica no solo la promulgación y publicación de las leyes, sino también la implementación de programas educativos y de sensibilización para asegurar que todas las personas, independientemente de su nivel educativo o situación socioeconómica, tengan la oportunidad de entender sus derechos y obligaciones. Además, es fundamental que los profesionales del derecho asuman su responsabilidad de mantenerse informados y actualizados, para que puedan cumplir adecuadamente con su papel en la sociedad.
El acceso a la justicia y la equidad en la aplicación de la ley dependen de una población bien informada y de un cuerpo de abogados competentes y responsables. Solo a través de estos esfuerzos podremos acercarnos a la realización del ideal de que la ley sea conocida y entendida por todos, y evitar así la injusticia que puede resultar de la ignorancia involuntaria de la ley, especialmente cuando esta ignorancia proviene de aquellos que tienen el deber de conocerla y y respetarla.
Roberto Quiroz.
