La Brújula de los Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Dominicano (2025)
Por: Yahairin Cruz Diaz
(Abogada Penalista, Magíster en DDHH, Especialista en Defensa de Víctimas)
Hoy, 10 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para la República Dominicana y, en particular, para la comunidad jurídica, esta conmemoración adquiere un matiz crucial: la inminente entrada en vigor de los dos nuevos cuerpos normativos que transformarán nuestro sistema: el Código Penal (Ley Núm. 74-25) y el Código Procesal Penal (Ley Núm. 97-25), ambos promulgados este año 2025.
Esta renovación legislativa representa una oportunidad histórica y un desafío ineludible. Como abogada que sirvió durante años en la Defensa Pública y ahora trabaja por la defensa legal de las víctimas, recuerdo que la verdadera justicia de alto rendimiento no se mide solo por la aplicación rígida de la ley, sino por la capacidad del sistema para preservar la dignidad humana en el proceso. En ese ejercicio, me di cuenta de que el desafío diario no era solo aplicar la norma, sino asegurar que la norma aplicada no aniquilara la esencia de la persona.
La legítima demanda de seguridad ciudadana no puede, ni debe, entrar en conflicto con la irrenunciable protección de las garantías fundamentales que son el cimiento de nuestro Estado de Derecho.
Para que esta transición normativa sea exitosa y esté alineada con el estándar que debemos asumir, debemos enfocarnos en tres ejes clave que sintetizan la relación entre el nuevo sistema penal y los derechos humanos:
1. El Imputado como Sujeto de Derechos, no como Objeto de Persecución
El Dato Legal es claro: el artículo 69.4 de nuestra Constitución y el artículo 14 del nuevo Código Procesal Penal (Ley 97-25) ratifican la presunción de inocencia como la regla de oro. Esta garantía no es un obstáculo procesal; es el reconocimiento de la dignidad inherente a todo ser humano.
Mi Ejemplo Experiencial en la Defensa Pública me demostró que el respeto al debido proceso, incluso para el individuo más cuestionado, legitima la justicia ante la sociedad. Nuestro compromiso es enfático: el nuevo marco penal solo será fuerte si su interpretación se hace siempre bajo el principio pro persona, asegurando que el proceso penal sea un medio para la verdad y no una vía para la coerción excesiva.
2. La Víctima como Eje Central de la Garantía de No Repetición
El Código Penal (Ley 74-25) y el Código Procesal Penal (Ley 97-25) profundizan en los derechos de las víctimas. Esto implica garantizar activamente el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, complementado con el mandato orgánico institucional de asegurar la protección y asistencia integral de la víctima en el proceso penal.
Desde mi perspectiva en la Especialidad de Defensa Legal de Víctimas, la justicia efectiva trasciende la pena impuesta. El Ejemplo Experiencial nos obliga a ver que la verdadera sanación social se logra con la restauración y el acompañamiento integral de la persona afectada. Nuestro deber es transformar el proceso penal en un mecanismo reparador, donde la víctima recupere su voz y sus derechos sean efectivamente restituidos.
3. La Carga Ética del Operador de Justicia (Ministerio Público y Jueces)
La implementación de estos dos códigos exige un estándar ético superior en los operadores de justicia. El Dato Legal nos recuerda que el respeto a los derechos humanos es un límite constitucional y convencional infranqueable; la aplicación del Control de Convencionalidad es una herramienta que debemos dominar.
El compromiso que asumimos es que cada funcionario del sistema —desde el investigador hasta el juez— debe entender que su decisión es un acto de dignidad. Como futura servidora pública, mi enfoque es que la autoridad estatal sea, sin ambigüedades, la principal garante de los derechos, haciendo de la estricta observancia de los límites un sinónimo de excelencia estratégica en el sector justicia.
Una Oportunidad para Elevar el Estándar
La entrada en vigor de los nuevos códigos es una oportunidad de alto valor para elevar el estándar de justicia en la República Dominicana.
Invito a nuestra comunidad de abogados y estudiantes a no ver estos cuerpos normativos solo como textos técnicos, sino como herramientas éticas. Nuestro objetivo no es solo dominar el nomenclátor legal, sino asegurar que la ley y la dignidad caminen de la mano. Es nuestro deber estratégico construir, sobre esta nueva normativa, un sistema penal que honre, cada día, la promesa fundacional del 10 de diciembre: un futuro más justo, equitativo y digno para todos.
