El Defensor del Pueblo depositó una instancia ante el Tribunal Constitucional apoyando a la jueza de la Corte Daira Cira Medina Tejeda en su demanda para que sea anulada la resolución del Consejo del Poder Judicial (01-2021) que establece el Sistema de Escalafón Judicial.
En la documentación de 24 páginas, el Defensor del Pueblo emite una opinión favorable para que acojan la demanda en inconstitucionalidad en el entendido de que el Consejo del Poder Judicial violentó algunas disposiciones de la Constitución y la Ley de Carrera Judicial.
La magistrada Medina Tejada demandó en nulidad porque, a su criterio, ese reglamento violenta derechos de los jueces en cuanto al tiempo que se les debe computar en la carrera cuando son trasladados de un departamento judicial a otro; y porque, además, entiende que los limita en los derechos de aspirar, en igualdad de condiciones ante la Suprema Corte de Justicia, cuando reúnen los requisitos. Estos puntos fueron respaldados en su escrito por el Defensor del Pueblo.
Expone el Defensor del Pueblo, en su instancia, que un reglamento no puede limitar el derecho de todos los jueces que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución de presentarse para ser considerados a dicha posición, en caso de presentarse vacante porque los derechos fundamentales establecidos en la Constitución no pueden ser “restringidos o coartados mediante disposiciones contenidas en decretos, resoluciones, reglamentos o normas, ya que se interpretaría como una violación a la Supremacía de la Constitución.”
Para el Defensor del Pueblo, la demanda de la magistrada Daira Cira Medina Tejeda es admisible ante el Tribunal Constitucional y tiene sustento, no solo por alguno de los argumentos, sino también porque la resolución atacada, es de carácter general, que involucra no solo a la jueza accionante, sino a todos los jueces actuales y futuros que puedan ingresar a la carrera judicial.
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