La Insuficiencia de la Pena Privativa de Libertad: Hacia un Modelo de Reparación Integral.
El sistema penal dominicano ha operado históricamente bajo una miopía selectiva: el enfoque casi exclusivo en la libertad o prisión del imputado. Tras quince años en el ejercicio del derecho, incluyendo ocho años en la defensa pública y mi actual especialización en la defensa legal de las víctimas, he confirmado que para quien ha sufrido el daño, la cárcel del agresor es apenas el inicio de una justicia que, con frecuencia, se queda a mitad de camino.
Es común observar en nuestros tribunales cómo la víctima, movida por el dolor y el desconocimiento de las etapas procesales, centra toda su expectativa en la medida de coerción. Si el juez no dicta prisión preventiva, la percepción inmediata es de impunidad. Sin embargo, mi mayor preocupación radica en lo que sucede al final del camino. ¿De qué sirve una condena de veinte años si la víctima sale del tribunal con lo que llamamos una "sentencia encuadrada"? Me refiero a esas decisiones judiciales que disponen indemnizaciones justas en papel, pero que son de imposible ejecución porque el imputado es insolvente o porque el sistema no fue capaz de rastrear y cautelar sus bienes desde el inicio del proceso.
En mi experiencia como empresaria del sector de la ebanistería, he aprendido una lección de precisión que aplico hoy a la gestión judicial: si en un mueble valioso nos limitamos a extraer el clavo oxidado que lo atraviesa, pero no resanamos la madera, el hueco permanece y la estructura sigue debilitada. En el derecho penal, la prisión es simplemente extraer el clavo. Si el sistema no garantiza medidas cautelares reales sobre los bienes del imputado o no activa mecanismos de reparación económica y psicológica, estamos dejando a la víctima con la fibra rota. La verdadera justicia es la que lija el dolor y barniza el futuro con una restauración real del entorno del afectado.
El reciente Proyecto de Ley de Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, introducido en diciembre de 2024, representa una oportunidad institucional sin precedentes para corregir este desbalance. No necesitamos más burocracia, sino soluciones accionables que permitan que la víctima deje de ser un objeto de prueba y se convierta en un sujeto de derechos con voz y respaldo económico. La propuesta de un Fondo de Asistencia a Víctimas y el fortalecimiento de la representación legal especializada —una labor que impulsamos con determinación desde RELEVIC— deben ser los ejes de una reforma que comprenda que la dignidad humana no se resarce únicamente con rejas.
Como abogada, madre y líder comprometida con la transformación del sistema judicial, asumo el compromiso de velar porque esta pieza legislativa no sea un intento fallido más. La justicia debe transitar de la simple retórica de la sanción hacia la práctica de la restauración efectiva. Es hora de que el Estado Dominicano garantice que el proceso penal sea, finalmente, un camino hacia la paz social y la reparación real de sus ciudadanos.
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