De la investigación a la agenda legislativa: una propuesta para acercar los Centros de Entrevistas Forenses a las personas en condición de vulnerabilidad.
El acceso a la justicia no debe depender del lugar donde viva una persona. Sin embargo, cuando una víctima o un testigo en condición de vulnerabilidad necesita participar en una entrevista forense, la distancia, la falta de recursos y las limitaciones de infraestructura pueden convertirse en obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos.
Esta realidad fue uno de los aspectos que identifiqué en la investigación que realicé para la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), centrada en la autonomía de actuación de la víctima en el proceso penal y en las dificultades operativas que inciden en el acceso a la justicia en el Distrito Judicial de Constanza, provincia de La Vega.
Entre los hallazgos y conclusiones de ese trabajo, evidencié la necesidad de fortalecer la disponibilidad territorial de los servicios especializados de entrevistas forenses, particularmente en Constanza, donde la ausencia de infraestructura local puede obligar a gestionar estas diligencias fuera del municipio. Esta situación plantea dificultades prácticas para las personas involucradas y pone sobre la mesa una cuestión fundamental: los derechos reconocidos en las normas deben contar con condiciones materiales que permitan ejercerlos de manera efectiva.
Una necesidad identificada desde la investigación
Los Centros de Entrevistas Forenses, conocidos también por su vinculación con el modelo de Cámara Gesell, cumplen una función importante en la obtención de declaraciones de víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad. Estos espacios permiten realizar entrevistas especializadas bajo condiciones destinadas a proteger la dignidad, la confidencialidad y los derechos de quienes participan en ellas.
La importancia de estos servicios también se refleja en la Resolución núm. 45-2025 de la Suprema Corte de Justicia, que establece el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condiciones de Vulnerabilidad. Este instrumento procura unificar criterios de actuación y contribuir a reducir la victimización secundaria durante los procesos judiciales (Suprema Corte de Justicia, 2025).
Ahora bien, disponer de un marco normativo no elimina por sí solo las barreras geográficas y operativas. Para que la protección sea efectiva, también es necesario considerar dónde están ubicados los servicios, qué dificultades enfrentan las personas para acceder a ellos y qué alternativas institucionales podrían contribuir a mejorar su disponibilidad.
Desde esa perspectiva, mi investigación permitió poner de relieve una necesidad concreta en el Distrito Judicial de Constanza: avanzar hacia una respuesta institucional que facilite el acceso territorial a las entrevistas forenses y reduzca las dificultades asociadas a la dependencia de servicios situados fuera del municipio.
No se trata únicamente de contar con instalaciones o equipos. Se trata de procurar que niños, niñas, adolescentes y otras personas en condición de vulnerabilidad puedan acceder a un entorno especializado, sin que los obstáculos logísticos se conviertan en una carga adicional en medio de un proceso que ya puede resultar difícil.
De los hallazgos a una propuesta legislativa
A partir de las conclusiones de la investigación, consideré importante llevar esta preocupación más allá del ámbito académico y plantearla como una iniciativa de interés público.
Con ese propósito, presenté la propuesta a la diputada Gabriela María Abreu Santos, quien acogió la iniciativa y asumió su impulso en el ámbito legislativo. Como resultado de esa gestión, el 8 de octubre de 2026 fueron depositados ante la Cámara de Diputados dos instrumentos relacionados con esta necesidad.
El primero es el Proyecto de Ley Orgánica sobre Acceso Territorial a Centros de Entrevistas Forenses para Víctimas y Testigos en Condiciones de Vulnerabilidad, orientado a abordar la cuestión desde una perspectiva de alcance nacional.
El segundo es el Proyecto de Resolución que solicita la habilitación o el fortalecimiento de un Centro de Entrevistas Forenses en el Distrito Judicial de Constanza, dirigido a plantear una respuesta específica para esta demarcación.
Ambos instrumentos parten de una preocupación compartida: la necesidad de que la protección de las víctimas y los testigos en condiciones de vulnerabilidad pueda traducirse en servicios accesibles y adecuados a las realidades territoriales.
Considero importante reconocer el papel de la diputada Gabriela María Abreu Santos al acoger la propuesta y formalizar su presentación ante la Cámara de Diputados. La relación entre la investigación y la actividad legislativa adquiere sentido cuando los hallazgos pueden contribuir a visibilizar problemas concretos y a impulsar iniciativas orientadas a atenderlos.
El acceso a la justicia también requiere proximidad
La Ley núm. 97-25, orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, forma parte del marco procesal vigente en el que deben comprenderse las garantías de las personas que intervienen en el proceso penal (República Dominicana, 2025). Pero la efectividad de esas garantías no depende únicamente de su reconocimiento jurídico: también exige prestar atención a las condiciones en las que las personas pueden ejercer sus derechos.
Cuando una diligencia especializada requiere desplazamientos, coordinación adicional o la disponibilidad de servicios en otra demarcación, esas circunstancias pueden incidir en la experiencia de las víctimas y los testigos, especialmente cuando se trata de personas que necesitan una protección diferenciada.
Por eso, hablar de acceso a la justicia implica mirar más allá de los tribunales y de las disposiciones legales. También supone examinar las condiciones concretas en las que una persona puede participar en un procedimiento, ser escuchada de forma adecuada y recibir un trato respetuoso de su dignidad.
La necesidad identificada en Constanza invita, además, a reflexionar sobre la importancia de considerar las particularidades de cada territorio al momento de diseñar respuestas institucionales. Las soluciones que resultan viables en una localidad no necesariamente responden, de la misma manera, a las necesidades de otra. De ahí la importancia de estudiar las realidades locales y fundamentar las propuestas en hallazgos concretos.
Una iniciativa que conecta investigación y compromiso público
Para mí, este paso representa la posibilidad de conectar el trabajo de investigación con una necesidad que merece atención pública. La investigación jurídica no tiene que quedarse exclusivamente en el análisis de las normas o en la formulación de conclusiones académicas. También puede ayudar a identificar dificultades, documentar necesidades y aportar ideas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las instituciones.
La propuesta que compartí con la diputada Gabriela María Abreu Santos nació de esa inquietud: que las dificultades identificadas en el Distrito Judicial de Constanza sirvieran de punto de partida para plantear alternativas de alcance local y nacional.
El depósito de estos dos instrumentos constituye un avance en la presentación formal de esa iniciativa. Su existencia no significa que las propuestas ya sean leyes ni que las medidas planteadas se encuentren implementadas; significa que una necesidad identificada desde la investigación ha encontrado una vía para ser expuesta en el ámbito legislativo.
Creo firmemente que acercar los servicios de entrevistas forenses a las personas que los necesitan es una cuestión vinculada con la dignidad humana, la protección de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y la búsqueda de un acceso a la justicia que no sea solamente formal, sino también real.
Desde mi labor como abogada e investigadora, valoro que los hallazgos de una investigación puedan contribuir a abrir este tipo de conversaciones. Y reconozco la disposición de la diputada Gabriela María Abreu Santos para acoger la propuesta y llevarla formalmente ante la Cámara de Diputados.
Porque investigar también puede ser una forma de contribuir al cambio: identificar una necesidad, fundamentarla y procurar que llegue a los espacios donde pueda convertirse en una iniciativa de interés público.
Por Mgtr. Yahairin Cruz Díaz
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